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El Fenómeno de El Niño no debe ser tratado como un evento meteorológico aislado. En el Perú, su impacto activa una cadena de riesgos económicos, sanitarios, ambientales, productivos y sociales. La diferencia entre una emergencia controlable y una crisis nacional depende de una decisión política: pasar de la reacción tardía a la acción anticipatoria. 1. Una alerta climática que es también económica, ambiental y social Las alertas recientes sobre el Fenómeno de El Niño deben ser leídas con seriedad institucional. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido una alta probabilidad de desarrollo de El Niño durante el trimestre junio-agosto de 2026, con posibilidad de persistencia hacia los meses siguientes [1]. En paralelo, los reportes de NOAA indican que El Niño probablemente emergerá pronto y podría continuar durante el invierno 2026-2027 del hemisferio norte [2]. En el Perú, ENFEN mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero y estima su persistencia, al menos, hasta enero de 2027, con una magnitud débil y posibilidad de alcanzar magnitud moderada entre junio y julio de 2026 [3]. SENAMHI también informa que la condición cálida en el Pacífico central es relevante para el seguimiento del fenómeno y para la planificación de medidas preventivas [4]. El dato económico difundido por la Cámara de Comercio de Lima, a través de su Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial, es una señal de alarma: un Niño Costero podría generar pérdidas potenciales superiores a S/ 291 millones diarios, equivalentes aproximadamente a US$ 86 millones, en siete regiones estratégicas: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua. Los sectores más expuestos incluyen manufactura, comercio, agropecuario y transporte [5]. Sin embargo, reducir el debate a pérdidas monetarias sería un error. Detrás de cada cifra hay cultivos afectados, cadenas logísticas interrumpidas, familias expuestas a enfermedades, infraestructura vulnerable, interrupción de servicios públicos, pérdida de empleo y presión sobre comunidades que ya viven en condiciones de alta vulnerabilidad. El Niño no golpea solo al clima: golpea la gobernanza. 2. El problema del Perú: actuar cuando el daño ya ocurrió El Perú conoce el fenómeno, conoce sus efectos y cuenta con instituciones técnicas capaces de anticipar escenarios. Lo que sigue fallando es la traducción de la alerta técnica en acción pública oportuna, coordinada y fiscalizable. Muchas veces el Estado se activa cuando el río ya se desbordó, cuando el puente ya colapsó, cuando el colegio ya es inhabitable, cuando la posta médica ya está inundada o cuando los brotes de enfermedades ya se han expandido. Ese patrón reactivo tiene tres consecuencias. Primero, encarece la respuesta pública porque reconstruir cuesta más que prevenir. Segundo, aumenta el costo social porque las poblaciones más pobres pierden vivienda, salud, trabajo y seguridad alimentaria. Tercero, deteriora la confianza ciudadana porque la emergencia aparece como un ciclo repetido de improvisación, obras inconclusas y responsabilidades diluidas. La prevención no puede limitarse a limpieza de cauces o entrega de ayuda humanitaria. Esas acciones pueden ser necesarias, pero son insuficientes si no se integran a una estrategia de gestión ambiental, ordenamiento territorial, salud pública, infraestructura resiliente y continuidad productiva 3. Los impactos que vienen detrás de El Niño El Fenómeno de El Niño activa impactos encadenados. Las lluvias intensas pueden generar huaicos, inundaciones, erosión de suelos, afectación de carreteras, pérdida de cultivos, daños en sistemas de agua y alcantarillado, interrupción del transporte y paralización de actividades productivas. En zonas urbanas, además, se evidencian problemas estructurales: drenajes insuficientes, ocupación de zonas de riesgo, residuos sólidos acumulados y falta de mantenimiento de infraestructura básica. En salud pública, las inundaciones y la acumulación de agua elevan riesgos asociados a enfermedades transmitidas por vectores. La OPS recuerda que, en desastres naturales, las principales enfermedades transmitidas por vectores en las Américas incluyen malaria y dengue, y que el control vectorial debe formar parte de la respuesta sanitaria [6]. Asimismo, tras inundaciones, la exposición a agua contaminada puede incrementar riesgos como la leptospirosis, por lo que las medidas de agua segura, higiene y protección de la población son fundamentales [7]. En agricultura, el impacto puede traducirse en pérdida de cultivos, interrupción de canales, daño a sistemas de riego, aparición de plagas, reducción de rendimientos y afectación de agroexportaciones. En transporte, los daños en carreteras y puentes no solo generan costos de reparación: cortan mercados, encarecen alimentos, retrasan atención médica y afectan la continuidad de negocios. Desde la perspectiva ambiental, El Niño también expone brechas de gestión: ocupación de fajas marginales, pérdida de cobertura vegetal en cuencas, mala disposición de residuos, obras sin enfoque ecosistémico y ausencia de fiscalización sobre actividades que incrementan la vulnerabilidad. El enfoque ambiental no debe aparecer al final de la emergencia; debe estar en el diseño de la prevención. Líneas preventivas que el país debería activar de inmediato Para que el impacto económico no sea el más trascendente, el Perú debe actuar antes de que el evento se exprese con mayor intensidad. Las siguientes líneas preventivas deberían formar parte de una agenda nacional de acción anticipatoria: Línea preventiva Acción concreta Gobernanza y coordinación Instalar un comité de alto nivel con responsables, plazos, indicadores y rendición pública semanal de avances. La prevención debe tener dueños institucionales, no solo declaraciones generales. Mapas de riesgo y datos abiertos Integrar información de SENAMHI, ENFEN, CENEPRED, INDECI, ANA, MINSA, MIDAGRI, MTC y gobiernos regionales en un tablero público con mapas, alertas, obras críticas y presupuesto ejecutado. Salud pública preventiva Adelantar vigilancia epidemiológica, control vectorial, cloración de agua, abastecimiento de medicamentos, brigadas móviles y protección de centros de salud vulnerables. Agricultura y seguridad alimentaria Ejecutar drenajes agrícolas, proteger canales, activar seguros agrarios, asegurar semillas, monitorear plagas y establecer rutas logísticas alternas para evitar desabastecimiento. Infraestructura crítica Priorizar puentes, vías, colegios, mercados, hospitales, sistemas de agua y alcantarillado. No todo puede atenderse al mismo tiempo; se requiere priorización basada en riesgo. Gestión ambiental de obras de emergencia Exigir manejo adecuado de residuos, disposición de lodos, protección de cauces, control de maquinaria, seguridad ocupacional y fiscalización posterior de las intervenciones. Continuidad empresarial Solicitar planes de continuidad operativa a empresas agrícolas, mineras, logísticas, industriales

Resumen. El Derecho Ambiental peruano exhibe una paradoja persistente: un diseño normativo e institucional relativamente sofisticado convive con déficits crónicos de implementación, fiscalización y acceso efectivo a la justicia. Este trabajo revisa dicha brecha desde una perspectiva jurídico-institucional y de justicia ambiental. Sostiene que el problema central ya no es solo la ausencia de normas, sino la insuficiente capacidad estatal para hacerlas exigibles de manera territorial, intercultural y preventiva. A partir de fuentes normativas, jurisprudenciales, oficiales y académicas, el artículo examina cinco nudos críticos: (i) la expansión del marco regulatorio, (ii) la fragmentación institucional, (iii) la debilidad del enforcement ambiental, (iv) la exposición desproporcionada de comunidades rurales e indígenas a daños y pasivos ambientales, y (v) los desafíos emergentes vinculados con cambio climático, defensores ambientales, minería ilegal e informalidad. Finalmente, propone una agenda de fortalecimiento orientada a cerrar la brecha entre norma y realidad mediante una gobernanza ambiental más coordinada, participativa, intercultural y basada en evidencia. Síntesis de nudos críticos y respuestas institucionales propuestas Nudo crítico Manifestación principal Respuesta prioritaria Fragmentación institucional Competencias dispersas, coordinación reactiva y escasa gestión integrada por cuenca o territorio. Interoperabilidad, protocolos de coordinación y gestión basada en riesgos. Fiscalización desigual Déficits de cobertura territorial y capacidades limitadas en EFA regionales y locales. Presupuesto estable, despliegue territorial y fortalecimiento técnico del SNFA. Consulta previa débil Procesos formales sin impacto suficiente sobre decisiones ambientales sustantivas. Vincular consulta, certificación, seguimiento y monitoreo participativo. Pasivos ambientales Inventarios existentes pero remediación lenta y reparación incompleta. Priorización por riesgo, cronogramas verificables y vigilancia comunitaria. Desafíos emergentes Deforestación, minería ilegal, violencia contra defensores y riesgo climático. Respuesta intersectorial con enfoque de derechos humanos y transición ecológica justa.

El presente artículo examina el impacto de las actividades humanas en el humedal Los Pantanos de Villa, resaltando su importancia ecológica frente a las crecientes presiones de la urbanización y la contaminación. A partir del análisis del Decreto Supremo N° 006-2021-MINAM, se advierte que, aunque el Perú cuenta con lineamientos generales para la protección de humedales, no incorpora un enfoque específico para aquellos ubicados en entornos urbanos, lo que limita su aplicación en contextos como el de Lima Metropolitana. En contraste, la Ley 21.202 de Chile representa un avance significativo al reconocer de manera expresa a los humedales urbanos y establecer mecanismos concretos para su protección. La existencia de una normativa diferenciada permite una gestión más adecuada a las particularidades de estos ecosistemas, facilitando la articulación entre conservación y desarrollo urbano. En ese sentido, se sostiene que contar con una regulación específica no solo resulta pertinente, sino necesario para garantizar una protección más efectiva frente a las dinámicas propias de las ciudades.

El debate empresarial sobre sostenibilidad deja de girar exclusivamente alrededor del cumplimiento ambiental, de la inversión social o de la rentabilidad de corto plazo. En el contexto peruano, el verdadero punto de inflexión se encuentra en la calidad de la gobernanza corporativa y en la capacidad de la empresa para anticipar, administrar y reducir riesgos regulatorios, reputacionales y de gestión antes de que se conviertan en contingencias jurídicas, financieras o sociales. Este artículo sostiene que la sostenibilidad empresarial no puede agotarse en la observancia formal de la normativa vigente ni en una lectura fragmentada de los componentes ambientales, sociales y económicos. A partir de la normativa peruana, de la evolución doctrinal de la responsabilidad social corporativa hacia la sostenibilidad corporativa y de los enfoques de grupos de interés, materialidad y valor compartido, se propone entender la gobernanza como la dimensión que integra el cumplimiento, ordena la toma de decisiones y permite ir más allá de la obligación legal mínima. Se concluye que, en el Perú, fortalecer la gobernanza empresarial ya no es un asunto accesorio: es una condición para la continuidad operativa, la legitimidad social y la sostenibilidad de largo plazo. En el Perú, la discusión sobre sostenibilidad empresarial suele quedar atrapada en dos reduccionismos. El primero la confunde con un deber de cumplimiento regulatorio, especialmente en materia ambiental, laboral o de integridad. El segundo la asocia a programas sociales, reputación o filantropía corporativa. Ambos enfoques resultan insuficientes. La sostenibilidad, entendida en sentido robusto, exige una arquitectura de decisión capaz de integrar el valor económico con la gestión de impactos, riesgos y oportunidades en el tiempo (Andreu Pinillos & Fernández Fernández, 2011; Winston, 2022). El marco constitucional peruano reconoce el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida; además, los recursos naturales son patrimonio de la Nación y el Estado determina la política nacional del ambiente. Sobre esa base, la Ley General del Ambiente desarrolla principios como el de prevención, internalización de costos y responsabilidad ambiental, mientras que la Ley Marco sobre Cambio Climático incorpora un enfoque de gestión integral y transversal. En paralelo, el mercado de valores peruano ha consolidado herramientas de buen gobierno corporativo y de reporte bajo el principio de “cumple o explica”, con creciente incorporación de variables ASG. Este entramado revela que la sostenibilidad ya no es ajena al derecho societario, al derecho ambiental ni a la gestión del riesgo; por el contrario, se ubica en su zona de intersección (Constitución Política del Perú; Ley N.° 28611; Ley N.° 30754; SMV, 2013; SMV, 2022). Desde esa perspectiva, la tesis de este trabajo es clara: no basta con que la empresa cumpla lo mínimo exigido por la norma ni con que mantenga resultados económicos positivos. La sostenibilidad empresarial depende, sobre todo, de la fortaleza de su gobernanza: de la calidad del directorio y de la alta gerencia, de la trazabilidad de sus decisiones, de la identificación de asuntos materiales, del diálogo con grupos de interés y de la capacidad de traducir compromisos en controles, indicadores y respuestas oportunas. Allí se juega, en realidad, la diferencia entre una organización formalmente cumplidora y una organización genuinamente sostenible. ConclusiónLa sostenibilidad empresarial, leída desde el derecho y la gestión en el contexto peruano, no puede reducirse al cumplimiento de obligaciones ambientales, sociales o económicas consideradas de forma separada. Tampoco puede confundirse con filantropía, marketing reputacional o adhesiones discursivas a la agenda ASG. Su núcleo real se encuentra en la gobernanza, es decir, en la forma en que la empresa define prioridades, distribuye poder, administra información y sus recursos, incorpora la voz de sus grupos de interés (stakeholders) y transforma exigencias externas en reglas internas de decisión, de compromiso y de acción. Por ello, la afirmación central de este artículo es que ir más allá de la norma no significa actuar fuera del derecho o fuera del gobierno corporativo, sino comprender que la legalidad mínima no agota el estándar de diligencia que hoy exige la sostenibilidad. En un entorno de creciente escrutinio público, complejidad regulatoria y sensibilidad social, las empresas que aspiren a sostenerse en el tiempo deberán fortalecer su gobernanza para disminuir riesgos regulatorios, reputacionales y de gestión. Solo así podrán pasar de una cultura de reacción a una cultura de anticipación, de gestión de riesgos y de un cumplimiento defensivo a una sostenibilidad genuinamente integrada al negocio, atendiendo a su materialidad.